Chihuahua, Chih., 17 de octubre de 2026.— El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, enfrenta una segunda orden de aprehensión, ahora del ámbito federal, por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, relacionados con la intervención de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra el narcotráfico en territorio estatal.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó este sábado que la institución cumplimentó el mandamiento judicial contra el exfuncionario, quien horas antes había sido detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos del fuero común.
La nueva orden federal está relacionada con los hechos ocurridos en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde se realizó un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas. Según la FGR, Jáuregui habría autorizado y coordinado la participación de los agentes estadounidenses sin contar con las autorizaciones correspondientes del Gobierno de México.
Durante su exposición, Godoy señaló que la investigación comprendió más de 100 actos ministeriales y que las autoridades federales detectaron presuntas irregularidades en la incorporación de personal extranjero a una operación que, de acuerdo con la Fiscalía, correspondía a instancias federales.
La funcionaria también sostuvo que el operativo se habría realizado sin que la Fiscalía estatal abriera previamente una carpeta de investigación y que Jáuregui presuntamente omitió informar oportunamente a las autoridades federales sobre la participación de los estadounidenses.
La FGR considera que estos hechos podrían constituir una afectación a la soberanía nacional y al pacto federal, debido a la intervención de agentes extranjeros en actividades de seguridad reservadas a las autoridades mexicanas.
La muerte de cuatro personas detonó el caso
La investigación tiene como antecedente el accidente vehicular ocurrido el 19 de abril en la zona serrana de Chihuahua, después del operativo en El Pinal. En el percance murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como integrantes de la CIA.
La presencia de los agentes extranjeros generó cuestionamientos sobre las condiciones de su ingreso al país, las funciones que desempeñaban y el conocimiento que tenían las autoridades federales acerca de su participación en acciones contra el crimen organizado.
En un primer momento, la Fiscalía estatal sostuvo que los estadounidenses realizaban actividades de capacitación relacionadas con el uso de drones. Sin embargo, la investigación federal se centró en determinar si su intervención rebasó esas funciones y si participaron directamente en el operativo antidrogas.
La controversia derivó en investigaciones tanto estatales como federales. La primera orden de aprehensión contra Jáuregui fue emitida en Chihuahua por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En esa misma causa penal se ordenó la captura de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, por señalamientos relacionados con el ejercicio del servicio público y falsedad ante autoridades.
La segunda orden, en cambio, corresponde a la investigación federal por presunta traición a la patria y se dirige contra Jáuregui. Hasta el momento, la información difundida sobre este nuevo mandamiento no establece una imputación federal equivalente contra Zuany.
La defensa cuestiona la nueva imputación
Tras darse a conocer la orden federal, el abogado defensor Héctor Villasana cuestionó que la FGR hubiera cambiado la condición procesal de Jáuregui, quien anteriormente figuraba como testigo, para ahora señalarlo como imputado. También sostuvo que la nueva acción podría tener motivaciones políticas.
Esos señalamientos corresponden a la postura de la defensa y deberán contrastarse con los elementos que presente la autoridad ministerial durante el procedimiento judicial.
La acusación por traición a la patria no constituye por sí misma una sentencia condenatoria. Será responsabilidad de las instancias judiciales determinar si los hechos atribuidos al exfiscal encuadran en el delito señalado y si existen elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal.
Con esta segunda orden de aprehensión, el caso de los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua adquiere una dimensión federal que involucra no solo las responsabilidades de los funcionarios estatales, sino también los límites legales de la cooperación internacional en materia de seguridad y la actuación de personal extranjero en México.
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